EXTRANJERIZACION DE LA TIERRA

Publicado el 29 de Abril de 2011

Por Rodolfo Yanzón Abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.

No queda claro si la “tierra rural” –que el proyecto menciona como aquella fuera del ejido urbano– comprende a las aptas para la actividad agrícola ganadera o, por el contrario, también quedan contenidos los montes.

El gobierno envió un proyecto de ley para limitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros. “El dominio de la tierra es una cuestión estratégica”, dijo la presidenta, que busca que por lo menos el 80% quede en manos nacionales. Quienes participaron de su redacción definieron a la tierra como un recurso escaso no renovable, y su adquisición no puede ser considerada como inversión, lo que resulta un punto positivo. Se impone como límite 1000 hectáreas para que una persona física o jurídica pueda adquirir tierra en la “zona núcleo”, es decir en la pampa húmeda.

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, dijo que el organismo trabajó en dos informes relacionados con la tenencia de la tierra en zonas de seguridad –de frontera–, y especificó que aunque el proyecto no las contempla, es positivo que se regule la concentración de la tierra en la Pampa húmeda. El proyecto incluye a todas las regiones del país.

Los medios relacionaron el proyecto con los casos de magnates como Ted Turner, Douglas Tomkins, los hermanos Benetton y Joe Lewis, que adquirieron tierras ricas en valores ecológicos y ambientales. Los Benetton están en conflicto con familias mapuches que reclaman por sus derechos ancestrales. Lewis impide el paso al lago Escondido, comprendido dentro de su propiedad, un derecho que por ley corresponde a todos. La misma presidenta resaltó que existe un persistente reclamo de la sociedad, pero aclaró que el proyecto no es retroactivo, es decir, no cuestiona la tenencia de la tierra de personas que ya tienen más de 1000 hectáreas.

Es positivo que se comience a debatir sobre la tenencia de la tierra. Sin embargo, no queda claro si la “tierra rural” –que el proyecto menciona como aquella fuera del ejido urbano– comprende a las aptas para la actividad agrícola ganadera o, por el contrario, también quedan contenidos los montes ubicados a los márgenes de lo que se denomina la frontera de la soja. Las comunidades campesinas e indígenas están dando una lucha permanente para frenar el desmonte y la adquisición por parte de extraños a la región. En la zona patagónica existe una fuerte demanda por parte de personas con fuerte poder adquisitivo, debido al acceso al agua y a los bosques. Esos recursos deben ser protegidos por el Estado, tanto nacional como provinciales, para que toda la comunidad tenga libre acceso a su disfrute y uso racional.

El proyecto no pone en discusión dos problemas fundamentales de la tenencia de la tierra, que son su concentración y la función que debe cumplir, mediando los pertinentes controles estatales y preservando los recursos naturales y las áreas que deben ser protegidas. El proyecto no utiliza el concepto de “uso social de la tierra”, como sí lo hace el Brasil.

En cuanto a los controles, debe discutirse seriamente que el propietario de la tierra no puede impedir u obstruir el derecho de la población a hacer uso de los recursos, como sucede con el lago Escondido, donde hace años que Joe Lewis impide el paso y no permite la construcción de un camino. El lago Escondido se encuentra enmarcado dentro de un Área de Protección Natural, declarada tal por la provincia de Río Negro, que durante años toleró que Lewis lo administrara a su antojo y que se arrogara funciones estatales para ganar el humor de la comunidad–por ejemplo, comprando insumos para el hospital de El Bolsón–. O el caso del lago Nahuel Huapi, en el que no es fácil hallar lugares de acceso, debido a las propiedades particulares que se atribuyen para sí un bien común. O el del lago Cholila en la provincia de Chubut, en el que predominan los alambrados y ni la provincia ni la municipalidad se ocupan de hacer transitable el camino que, al llegar al lago, se transforma en huella para bueyes. Recursos que, en definitiva, terminan en manos de un grupo selecto, conformado por gente con dinero –no sólo extranjeros– que usan y disfrutan de paisajes y recursos de toda la comunidad.

Paul Huisman, Concejal de El Hoyo, trabaja hace meses para que se impugne una mensura irregular por la que parte de la costa pública del lago Epuyén, en Puerto Patriada, quedó en manos de un particular. “No estamos hablando de Lewis ni de Tinelli, sino de funcionarios que no cuidan lo que tienen que cuidar”, dice Huisman. Marcelo Tinelli compró miles de hectáreas cercanas al Parque Nacional Los Alerces, y, por falta de controles, dispone a su voluntad de un recurso escaso y no renovable.
“Creo que el caso Lewis pone sobre el tapete, por la relación de fuerzas, la verdadera dimensión del poder real y la debilidad de los poderes públicos de la democracia”, agrega Huisman, que enfatiza en la responsabilidad de funcionarios que, además de no cuidar, enajenan tierras fiscales a precio vil. Entre los casos en Chubut, Huisman cita como ejemplo tierras fiscales en El Hoyo que fueron malvendidas al padre del jefe de Gabinete del gobernador Mario Das Neves.

El Frente Nacional Campesino denunció que en Santiago del Estero y Formosa empresarios porteños enajenan tierras que son desmontadas y destinadas al cultivo de soja, con el inevitable desalojo de centenares de familiares campesinas e indígenas. En estos días miembros de la comunidad qom reclaman por sus tierras, de las que fueron desalojados por argentinos con poder adquisitivo. El problema es la falta de criterios al momento de resolver la tenencia de la tierra, con sentido comunitario y preservando los recursos y las áreas naturales. Se trata, en definitiva, de debatir sobre el derecho de propiedad y la tenencia de la tierra y su uso, más que la nacionalidad de quienes la detentan. <