QUE EL SUEÑO NO SE HAGA REALIDAD

Una pesadilla: el gabinete del Sr. Cobos

Por Mempo Giardinelli

Publicado en Página 12

De regreso de Frankfurt, en el vuelo, una pesadilla me dejó un horrible sabor de boca. Y si ahora debo compartirla con los lectores es porque ayer mismo la realidad me hizo pensar que podía suceder. Imagínense: ¿Qué sería de este país si por azares del destino el Sr. Julio Cleto Cobos deviniera presidente de la República?

No tiene sentido conjeturar razones para semejante advenimiento, siendo que toda especulación sería ofensiva e inoportuna. Porque tenemos una Presidenta en ejercicio, que conduce esta nación con todos los atributos de la Constitución y la democracia. Y gusten más o gusten menos su estilo y sus decisiones, su figura es incuestionable.

Sin embargo, en mi sueño, y no sé por qué extraña razón (esos enigmas son “naturales” en el mundo onírico), de pronto asumía la primera magistratura el Sr. Cobos, ruidosamente celebrado por no pocos cretinos, resentidos o confundidos, y por muchas almas inocentes pero con poco cerebro, de esas que en la Argentina siempre se quejan a destiempo, no saben de qué se quejan o se encolumnan detrás de oportunos quejosos profesionales.

Tras mucho dudar acerca de la conveniencia de escribir o no este texto de ciencia ficción política, aquí les cuento el escenario que vislumbré a diez mil metros de altura.

El actual vicepresidente asumía el cargo aplaudido por la horda de odiadores que pulula hoy en los medios hegemónicos. Sólo unos pocos desubicados recordábamos, inútilmente, que el hombre llegaba como producto del más grave error político del Sr. Néstor Kirchner, pero eso ya no tenía importancia. Lo que sí la tenía era que en el sueño el Sr. Cobos se rodeaba de los más competentes, lúcidos, éticos y patrióticos políticos de este país.

Su ministro del Interior era el señor Eduardo Duhalde y en Economía hacían cola para ser designados los señores López Murphy, Broda, Redrado e incluso el siempre disponible Sr. Domingo Cavallo. Todos ellos decididos a cancelar rápidamente y por decreto el 82 por ciento móvil. También, y con la misma velocidad, se restablecían las AFJP, se anulaban completa y absolutamente la ley de medios y la de Matrimonio Igualitario, y por supuesto se eliminaban todas las retenciones agropecuarias.

El crecimiento económico autónomo que la Argentina viene teniendo era detenido abruptamente gracias al asesoramiento del FMI, benemérita institución que nuevamente se constituía en monitora de nuestro destino. Concomitantemente se amputaba la inversión educativa, se reducían los salarios en un 13 por ciento y los maestros volvían a cobrar 300 pesos mensuales.

Obviamente se iba al demonio la política de Defensa que ha democratizado a las Fuerzas Armadas, y eso por decisión del nuevo ministro, no recuerdo si el inagotable Sr. Jaunarena o Rosendo Fraga. Lo seguro es que se terminaban las políticas de derechos humanos, y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo comenzaban a ser vituperadas nuevamente, algunas perseguidas o encarceladas. La ex ESMA era puesta en manos de la señora Cecilia Pando y sus amigos, que preparaban la “restauración a sus mandos naturales”. Y como el Ministerio de Justicia quedaba a cargo de un jurista radical, se disponía la rápida suspensión de todos los juicios por la Verdad, y se amnistiaba a los dictadores Videla, Bussi y Menéndez por razones humanitarias.

La Memoria pasaba a ser una mala palabra, porque todos estaban “hartos” de ella, siguiendo los nuevos postulados del señor Lanata y otros ilustres comunicadores.

El gabinete del Sr. Cobos se completaba con gente inmediatamente aprobada por los diarios La Nación y Clarín, y ocupaban sus puestos la Sra. Beatriz Sarlo en la Secretaría de Cultura de la Nación y Abel Posse en Educación o en Relaciones Exteriores (eso faltaba definirlo porque también eran candidatas a esos puestos las señoras Elisa Carrió y Patricia Bullrich). El voto definidor lo iba a tener el cardenal Bergoglio.

El Ministerio de Agricultura era disputado por los señores Biolcatti, Llambías, Buzzi y el refinado dirigente entrerriano señor De Angelis. En otros puestos Cobos designaba a gente de ética acrisolada como los señores Duhalde, Macri y De Narváez, todos asesorados por el Sr. Luis Barrionuevo. Y el Canal 7 acababa su prédica disolvente con el arribo de Nelson Castro a la dirección, secundado en el directorio por inobjetales demócratas como Mariano Grondona, Mirtha Legrand, Susana Giménez, Eduardo Van der Koy y Joaquín Morales Solá.

Claro que de inmediato en alguna plaza se manifestaban los señores D’Elía, Pérsico y Hebe de Bonafini, pero los piquetes que organizaban eran brutalmente reprimidos, mientras dirigentes sociales como Pino Solanas o Víctor de Gennaro balbuceaban tardías autocríticas. En cuanto a la izquierda y el troskismo, inexorablemente se subdividían en ortodoxos y traidores.

¿Exagero? Ojalá. ¿Que este texto es apocaliptico? Sí, pero tanto como la realidad argentina sabe y puede serlo.

Desperté horrorizado. No soy amigo de la Presidenta, pero si la veo le voy a rogar que viaje menos. Que se cuide más. Que vele por su salud. Y que prevea formas de preservación del rumbo que hoy tiene la Argentina. Porque sin dejar de reconocer las muchas desprolijidades y acciones reprochables de su gobierno –que tanto me fastidia a veces y al que a muchos como yo nos resulta tan difícil defender– hay un rumbo diferente en estos años, una esperanza que esta maldita pesadilla vino a empañar. Porque si acaso la República pasara a ser gobernada por un muerto político como el vicepresidente, de flaca dignidad y viscosa ideología, a mí me corre un frío por la espalda de sólo imaginarlo.

OTRO APORTE PARA ENTENDER EL VETO AL 82%

La solidaridad previsional es una de las claves del sistema de reparto

Artículo publicado por: Carlos Heller

Me gustaría analizar algunas cuestiones que hacen a la solidaridad previsional. Primero es necesario comprender que los fondos de la ANSES no están compuestos sólo de aportes de los trabajadores y de los empresarios. De hecho, el 40% de los fondos provienen de aportes tributarios. En este sentido, hablar del dinero de la ANSES no equivale a hablar del dinero de los jubilados.

Re-estatizar las jubilaciones fue el primer paso para llegar a la solidaridad previsional. El régimen de capitalización individual instaurado durante el menemismo excluía a gran parte de la población que al haber sido explotada durante años trabajando en negro, no iban a acceder a una jubilación. Era el sistema del “arréglese quien pueda”.

Gracias a que volvimos a un sistema de reparto, dos millones cuatrocientas mil personas, a las que se les había negado la posibilidad de jubilarse, hoy perciben una jubilación mínima. Y no se trata de mirar el ombligo propio y decir “yo aporté toda mi vida y aquél nunca, sin embargo percibe lo mismo que yo”. Se trata de pensar qué modelo de país queremos: uno exclusivo e individualista; o uno inclusivo, en el que haya cada vez menos desigualdad.

Para mantener un sistema de reparto, es necesario que existan cuatro trabajadores activos por cada pasivo. Hoy por hoy en la Argentina, el sistema se mantiene a duras penas con 1,4 aportantes.

La seguridad del futuro jubilado que va a cobrar es que haya muchos trabajadores activos aportando. Es por esta razón que no podemos estar de acuerdo con aquellos que opinan que el dinero de la ANSES debe ser un fondo intangible. Lo cierto es que cuando ese fondo se utiliza para ayudar a generar empleo desarrollando obras de infraestructura, para financiar actividades productivas, se está generando posibilidades de que haya más empleo que nos ayude a aproximarnos a esos cuatro trabajadores activos por cada pasivo indispensable para que el sistema jubilatorio sea sustentable. Esta es la verdadera defensa del jubilado.

EL 82% MOVIL Y LA INCOHERENCIA OPOSITORA

Compartimos este artículo elaborado por el Diputado Nacional Carlos Heller y lo ponemos al alcance de nuestros lectores por que en pocas palabras fija una realidad incuestionable.

Artículo publicado por: Carlos Heller

En un post anterior me referí a la solidaridad del sistema previsional de reparto. En él explicaba que actualmente el 44% de los ingresos del sistema previsional, vienen de la recaudación impositiva y no de los aportes, ni de los trabajadores, ni de los empresarios. Esto significa que casi la mitad de los ingresos que mueve el sistema previsional vienen de impuestos generales, que aportamos todos los ciudadanos.

Es en este sentido que hablamos de un sistema previsional solidario, porque como los aportes de los trabajadores no alcanzan, la sociedad en su conjunto cede parte de la recaudación impositiva para hacer que el sistema sea sustentable e incluso para permitir la mejora en los haberes de los jubilados.

Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero no está mal repetirlo: si estuvieran las AFJP, la discusión del 82% móvil sería imposible. Con las AFJP no existía la movilidad en las jubilaciones privadas, se movían por el ahorro individual de cada uno de los asalariados, y cada uno recibía una jubilación que era un porcentaje de los aportes realizados.

La semana pasada 13 senadores que votaron el 82% móvil, habían votado en contra de la re estatización del sistema de jubilaciones. Peor aún, los 35 diputados que dieron la mayoría para aprobar en Diputados el 82% móvil, habían votado para que se mantengan las AFJP. Clara demagogia que tenía el fin no sólo de poner palos al gobierno sino además de forzar un veto antipopular por parte de la presidenta.

LO QUE NOS DEJO EL RESCATE DE LOS 33 MINEROS CHILENOS

Los registros de sobre aumentos en exportaciones y consecuentemente el crecimiento anual de PBI de la República de Chile tiene que ver hace años con el aumento de la demanda mundial del cobre. No solo creció la demanda sino que el precio lo hizo en “forma explosiva” como lo indica la nota que adjunto se transcribe. No puede considerárselo un “monocultivo” al cobre respecto de la economía chilena, pero que sin el mismo muy otros serían los números también es muy cierto. Pero esta nota que a modo de introito hacemos es para destacar este indicio respecto de lo que es el “modelo” capitalista chileno tan ensalzados por cuanto economista y político liberal vernáculo anda en nuestro país. La mina “San José” de acuerdo a lo que indica la prensa - que no es mucho – adolecía de requerimientos elementales como para evitar una consecuencia como la estamos asistiendo. Tan ello sería así que luego de este hecho habrían sido cerradas 18 minas de similares características. Con un sistema donde los costos sociales no son considerados como parte principal del modelo, entonces es muy posible que pueda transformarse con poco en “exitoso”. Asimismo cabe sacar como otra conclusión que esto no es culpa solo del Conservador y Derechista gobierno de Piñera sino que provenía de largo años de gobiernos “socialistas”. La nota que prologamos se publicó en el diario “Clarin” (pag.30 domingo 10/10/10) y la firma Mónica González corresponsal de Clarín en Chile.

E. P. P.

(Publicado en Diario Clarín del 10/10/10 Pag. 30)

Las minas tienen grandes fallas en seguridad, pese a las ganancias empresarias.

La cuenta regresiva más dramática que ha vivido Chile en los últimos años ya se inició. El pulso y la esperanza se instalaron en un pequeño punto de Atacama, donde se prepara el rescate de 33 trabajadores de la Mina San José, atrapados a 700 metros bajo tierra desde hace dos meses y cuatro días. La operación ha demandado millones de dólares que hasta ahora han salido del bolsillo de todos los chilenos. Un absurdo, porque los mineros fueron sepultados por las pésimas condiciones de seguridad laboral en las que funcionaba una mina que registraba millonarias ganancias.

De hecho, sus dos propietarios están bajo arraigo -procesados y con prohibición de salir del país-, pero no por los daños que han experimentado en su prolongado encierro 33 de los mineros que trabajan para ellos. El dictamen judicial obedeció a un derrumbe acaecido el pasado 3 de julio y que terminó con un minero seriamente herido y con una pierna amputada.

“La empresa aseguró la producción antes que la integridad física y síquica de sus trabajadores”, afirmó en el juicio el fiscal regional. Una acusación en la que la mina San José no es la excepción. Ni en seguridad laboral ni en ganancias. Si en los últimos cinco años las utilidades de las empresas mineras crecieron aceleradamente, este año ascendieron en forma explosiva: sólo en el primer semestre registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70%. A modo de comparación con otro sector de alta rentabilidad, vale la pena anotar que hasta agosto de este año los bancos locales registraban ganancias por casi US$ 2.300 millones.

De allí el nerviosismo con que el sector empresarial minero ha seguido las vicisitudes de los mineros atrapados. Desde las entrañas de la tierra los chilenos han recibido durante dos meses un mensaje lacerante que les señala que los beneficios que obtienen las empresas del rubro no se condicen con el aporte que hacen al país y menos con los que obtienen los trabajadores del sector.

Un efecto claro de esta simple operación matemática fue el acuerdo logrado el 6 de octubre pasado entre el Gobierno y la oposición para aumentar la tributación de las mineras . Lo que se anunciaba como un debate duro e interminable, con un poderoso lobby opositor de las empresas, se finiquitó entre risas y abrazos. El aumento comenzará a regir en 2018. Otro absurdo. Escaparon de 2011, año en que todos los expertos prevén que el precio del cobre llegará a su mayor valor en cuatro décadas. Aún así, las empresas del rubro están disparando sus últimos misiles. Anuncian que esta alza de tributos afectará directamente la inversión extranjera en el sector, la que deberá buscar nuevos puertos. El mensaje llega directo a La Moneda y al Congreso, el que tendrá que legalizar el nuevo acuerdo tributario.

El temor a una huída de la inversión extranjera no es nuevo. Fue en 2002 cuando la agenda pública se inundó de la misma campaña. Entonces, el gobierno de Ricardo Lagos propicio por primera vez un aumento de los tributos a través de un royaltie minero. El impuesto fue despachado en el Congreso. No sólo no hubo empresas que abandonaran Chile, sino que la inversión se duplicó, al mismo ritmo que sus ganancias.

No ocurrió lo mismo con la seguridad laboral.

Un problema que hasta el 5 de agosto pasado, cuando el país entero se conmocionó con el derrumbe de Copiapó, era invisible. Y ello, a pesar de que la minería es la actividad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, con un 15,5% del total en 2009.

Transcurridos 65 días, no hay escuela, oficina o comercio donde no se sepa que ello fue producto de la carencia absoluta de las mínimas condiciones de seguridad y la débil fiscalización del Estado a las faenas mineras para garantizar el derecho a la vida de quienes extraen el llamado “sueldo de Chile”.

LA DISTANCIA ENTRE PODER JUDICIAL Y JUSTICIA

¿ Es independiente el Poder Judicial?

Publicado el 8 de Octubre de 2010 en el diario "Tiempo Argentino"
Por Carlos Raimudi
Nuevo Encuentro.

Un debate que se ensambla con otros, como el poder de las corporaciones, la Ley de Medios, por ejemplo, en el marco de una fuerte y también saludable disputa de sentido en el seno de nuestra sociedad.


Existen intereses corporativos en el ámbito judicial? ¿Cuáles son los alcances del concepto de 'independencia' del Poder Judicial? Se trata de un debate muy saludable que hay que dar honestamente, sin caer en el intencionado simplismo de rotularlo como que el gobierno persigue a la justicia. Un debate que se ensambla con otros, como el poder de las corporaciones, la Ley de Medios, por ejemplo, en el marco de una fuerte y también saludable disputa de sentido en el seno de nuestra sociedad. Un debate que lleva a una primera definición inicial: hay una distancia sideral entre justicia y Poder Judicial.
Segunda definición inicial: cuando un Poder Ejecutivo, surgido del voto popular, ejerce su autoridad, mal que le pese a la oposición argentina más salvaje, está realizando un acto clara y contundentemente democrático, en el cual el Estado de Derecho se expresa en plenitud. Identificar sistemáticamente al Poder Ejecutivo con el abuso de autoridad -como suele hacerse- no es otra cosa que la reacción de aquellos factores de poder, con menos votos que aquel, que ven afectados sus intereses.

PODER JUDICIAL Y DEMOCRACIA. Mucho más allá de ser un mecanismo procesal de toma de decisiones, el sentido profundo de la democracia está orientado a equilibrar las capacidades de cada persona, devenida en sujeto, para confeccionar su propio plan de vida, a partir de niveles crecientes de autonomía de su voluntad. Se trata de un fundamento profundamente igualitarista.
Desde esta perspectiva, la república democrática -como superación del absolutismo monárquico- edificó el principio de la división de poderes, con dos poderes "mayoritarios", esto es, decididos por el voto popular (el Ejecutivo y el Legislativo) y un poder "contra-mayoritario" (el Judicial) con el fin de evitar lo que los padres fundadores del sistema estadounidense llamaban el "riesgo de la tiranía de las mayorías". El famoso concepto de "frenos y contrapesos".
Esto dio muchos años de estabilidad a los EE UU, en la actualidad, pero 39 de sus 52 Estados eligen por voto popular -aunque no partidario- las autoridades de sus tribunales superiores de justicia. Equivocación por equivocación, es preferible que se equivoquen las mayorías y no una minoría ilustrada.

LOS ALCANCES DE LA PRETENDIDA "INDEPENCENCIA". Es necesario poner en debate el concepto de independencia del poder judicial, lo que no implica que un gran número de magistrados no lo sea. Su autonomía, no sólo debe medirse respecto de la presión o el control que pudiera ejercer alguno de los poderes públicos, sino también de la presión ejercida por los grandes intereses privados. E inclusive, respecto de una presión combinada entre ambos, como sucediera, por ejemplo, con los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA, de cuyos procesos judiciales no resultó ninguna sanción penal. Esto implica un enorme riesgo institucional: así como un grupo de negocios estudia el entorno antes de invertir, un grupo terrorista también lo hace antes de atentar, y no sería ilógico pensar como incentivo para un potencial nuevo atentado, que los anteriores no hayan acarreado sanción.
Si no fuera real la presión del poder, no precisamente del Ejecutivo, sobre algunos magistrados, ¿por qué el cura Grassi se encuentra libre tras dos condenas firmes a 15 años de reclusión, mientras el 82% de los detenidos en el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires aún no tiene condena? Planteo que pone en evidencia la vasta corrupción de un régimen del cual hay nichos judiciales que no son ajenos. ¿Hay o no una "justicia" para los poderosos, y otra que mide con vara muy distinta para los ciudadanos de a pie? ¿Es tal esa "independencia" que esgrimen las élites más pulcras y tradicionales de estudios jurídicos y magistrados, poniendo el grito en el cielo cada vez que estas cuestiones ven la superficie?

¿IGUALDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA? Volvamos a la esencia igualitarista de la democracia, entendida como el sistema por el cual cada persona vale por sí misma con prescindencia de cuál sea su ubicación en la pirámide económica. Si esto es así, ¿por qué el presidente de la Corte Suprema recibe a solas y de manera privada al jefe de una corporación empresaria o al gerente ejecutivo de una corporación mediática, y no hace lo mismo, una por una, con cada una de las miles de personas que concurrimos a las marchas multitudinarias hasta las puertas de la Corte, pero que no tenemos poder económico para atravesar sus estrados? ¿No refleja eso que el Poder Judicial no trata a cada uno de manera igualitaria con independencia de su ubicación en la escala económico-financiera?
Si no fuera porque existen presiones de los poderes económicos que tienen cómo demorar y condicionar las decisiones judiciales, ¿hay explicación razonable a que el accidente de LAPA no haya arrojado ningún sujeto penalmente responsable?
En definitiva, una cosa es que la condición contra-mayoritaria del Poder Judicial implique un freno o contrapeso a la "tiranía de las mayorías", y otra es que un empresario y un juez se pongan de acuerdo para suspender los efectos de una ley democráticamente sancionada.

¿EXISTE LA CORPORACIÓN JUDICIAL? Por último, y como abogado de la matrícula, me siento obligado a reconocer algunos vicios corporativos. ¿Cómo cuáles? Como que en la medida que los peritos no tengan sueldo fijo, pueden inflar su dictamen sobre una incapacidad laboral o la magnitud del daño en un siniestro, para cobrar una suma mayor. Como que desde la magistratura se convalidan honorarios demasiado elevados a los abogados de parte, porque anida la convicción de que los abogados de parte algún día serán jueces, y viceversa, y que una mano debe lavar la otra, para que las dos laven la cara.
Cuando ingresamos a la Facultad de Derecho, muchos lo hacemos pensando más en la justicia que en el Poder Judicial, bajo el dogma de que aquella tiene por fin desentrañar la verdad. En cambio, a medida que nos vamos acercando a Tribunales, nos vamos dando cuenta de que para que en un caso se determine que un automóvil iba a 40 km, una de las partes debe decir que iba a 80 km y la otra que estaba detenido, con lo que arribamos al absurdo de que para llegar a la verdad, muchas veces hay que promediar entre mentiras.
En síntesis: ¿Es bueno o no, para la sociedad argentina, que se discuta si existe o no una corporación judicial, y si el Poder Judicial es o no independiente?